En el último pleno del Ayuntamiento del Valle de Tobalina, las cuestiones de la oposición trajeron nuevamente al centro de la discusión la postura que la administración local adoptará frente a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en relación al cobro de las licencias de obra por el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. Una cuestión compleja y de relevancia, dada la consideración de estas obras como de interés general según la Ley de Cambio Climático que puso fin a la actividad de la planta en 2021.
El Ayuntamiento ya tiene claridad en cuanto al costo de la fase I del desmantelamiento, una etapa que ha comenzado recientemente y se espera que dure tres años, generando un gasto estimado de 15 millones de euros. Enresa ha proporcionado esta cifra, lo que sugiere que los ingresos provenientes de las licencias de obras podrían ascender a 600.000 euros. La intención del Consistorio es emitir los recibos correspondientes y, ante la previsible apelación por parte de Enresa, llevar el asunto a los tribunales para su resolución.
Con el respaldo y orientación legal de un abogado contratado por la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (Amac), el Ayuntamiento de Valle de Tobalina está decidido a luchar por estos primeros 600.000 euros. Sin embargo, la perspectiva es aún más ambiciosa, ya que se prevé que los ingresos puedan alcanzar hasta 8 millones al finalizar el proceso de desmantelamiento en una década.
La secretaria municipal reveló que se encuentra en la fase final de la elaboración del informe que respalda esta solicitud de licencias de obra y su futura defensa en los tribunales. Este enfoque decidido refleja el compromiso de la administración local para asegurar que el proceso de desmantelamiento de Garoña no pase por alto su contribución a las arcas municipales.
Sin embargo, el equipo de gobierno también planteó otra estrategia. Se ha anunciado que el Ayuntamiento participará en la firma de los convenios propuestos por Enresa, que buscan compensar la exención de pago de licencias de obras por el desmantelamiento, impuesta por la Ley de Cambio Climático. Raquel González, quien actualmente ostenta el cargo de teniente alcaldesa y previamente fue alcaldesa, señaló que están a la espera de firmar el primer convenio, aunque aún no se ha establecido una fecha concreta.
En este contexto de debate y decisiones cruciales, el Valle de Tobalina se enfrenta a un futuro en el que el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña se convierte en un tema fundamental, tanto en términos de sus implicaciones financieras como de su impacto en la comunidad y el entorno. El diálogo y la resolución efectiva de estas cuestiones serán esenciales para forjar un camino que satisfaga las necesidades y preocupaciones de todos los involucrados.
